Los periódicos de hoy dan cuenta de la sentencia que niega el dinero público a un puñado de colegios que separan a los niños de las niñas a la hora de recibir clase. El origen del problema creo que radica en la perpetuación de un anacronismo. Los
centros concertados simplemente no deberían existir. Por supuesto que
los padres tienen el derecho de elegir el colegio de sus hijos, pero, si
optan por uno privado, que sea eso:
privado. No conozco otro caso en que una empresa contrate a quien le
parezca y que luego los sueldos de esos trabajadores salgan del erario público. Me temo que
dentro de no demasiado tiempo el ministro de educación se las apañará
para sacar adelante alguna ley que le permita mantener este sinsentido.
No obstante, no nos engañemos: los socialistas tuvieron la oportunidad
de acabar con los conciertos educativos y no lo hicieron, así que ahora
que no vengan con golpes de pecho. Más les vale estarse calladitos. Los que sí
tenemos todo el derecho a hablar de esto somos los miles de profesores
de la pública que nos vemos obligados a viajar muchos kilómetros a
diario para ir a trabajar porque nuestras ciudades están plagadas de
concertados. Centros concertados donde trabajan docentes que se pasan
el día entero quejándose de que trabajan más horas y cobran menos.
Cuando quieran, señores, echamos cuentas. Pues un servidor se deja en
gasóil casi 300 euros al mes y en mi horario disfruto todos los días de
dos horas más (una para ir a Mérida y otra para volver). Se ve que es el privilegio con el que contamos los que nos
hemos ganado el puesto de trabajo compitiendo con cientos de personas
muy bien preparadas que no eran antiguos alumnos del colegio
religioso de turno ni "hijos de" ni tenían un papá con capacidad para
comprar plaza alguna.
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